( con ocasión a la firma de carta de inocencia de Diputados de la República a favor del procesado por el caso Guzmán)
La separación de poderes o división de poderes - trias politica - es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración Constitucional de los Derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno, esta idea que es muy antigua se atribuye a Montesquieu que en 1747 en su obra el Espíritu de las Leyes lo menciona y trabaja en ello. Esto es el ABC de la política moderna y desconocerlo merecería en términos Jurídicos “tres bolas negras” para cualquier parlamentario. Una de las frases mas conocidas y repetidas desde la vuelta de la democracia es justamente “El Gobierno no comenta los fallos de los Tribunales” y esta muy bien y por una cuestión muy obvia, al ejecutivo poco le gustaría que el Órgano jurisdiccional se inmiscuyera en sus decisiones, pero ¿por que al Congreso le cuesta tanto entender esto? Si al asumir como parlamentarios deben jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la República.
Al observar situaciones como la de los parlamentarios de la Concertación y de sus nuevos aliados Comunistas, llama la atención el descaro con el cual infringen su propio juramento, Chile es una democracia y vivimos supuestamente en un Estado de Derecho, y es ahí donde fallamos, por que uno de los requisitos para que se cumpla con este objetivo, es precisamente la separación de funciones en la división de poderes, lo que no se ha respetado por estos parlamentarios, que incluso para mi, debieran ser catalogados como encubridores del favorecido con la carta, toda vez que conocen que existe un delito en donde hay un procesado, en el cual un Juez de la República ha tenido la convicción de que incurren presunciones fundadas de su participación, al hablar de presunciones en plural quiero decir que es mas de una, llegando incluso hasta nuestros mas altos Tribunales de Justicia quienes lo han confirmado, ellos insisten en realizar gestiones de apoyo a favor de este, pasando incluso por sobre decisiones de la Corte Suprema, tratando de convertirse en una nueva instancia jurídica para recurrir de los fallos adversos, me parece una muy mala señal para el país, por que sería simple, que luego de agotar las instancias jurídicas en un proceso penal, se recurra a parlamentarios para ejercer presión social sobre nuestros Tribunales.
BERNARDO NORAMBUENA C.
ABOGADO
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